Nada se impone

A propósito de la “Ley de la Selva” y su inminente amenaza

Manuel Pulgar Vidal, un especialista en derecho ambiental, ha sido uno de los más claros expositores en el Foro Ley de la Selva promovido por el Gobierno Regional de Loreto y llevado a cabo hace unos días en el auditorio del Colegio San Agustín. De este proceso – porque así se deben ubicar los debates y diálogos que pugnan por propuestas tangibles sobre un tema sensible – han salido algunas conclusiones importantes que es preciso anotar en bien de lo que se viene con cara al futuro de la amazonía y el manejo de sus suelos.

Pulgar Vidal, al empezar su intervención ha concluido un punto de vista medular en el tema. Ha dicho que “lo que mal empieza, mal acaba” en alusión al proyecto Nº 840 que intenta concesionar y adjudicar en venta los terrenos “eriazos” en la amazonía. Y mal puede acabar porque, como ha empezado a circular este documento en la comisión agraria, más parece una imposición que de no haber sido advertido a tiempo ahora estaríamos lamentando una consecuencia. No por mala o buena que puede haber resultado, porque eso finalmente depende de su implementación, sino por el sólo hecho de no abrir los espacios de diálogo en torno a este proyecto para que se socialice sus comentarios y se abra la información en torno a sus alcances, es decir se legitime aunque sea en el debate.

Más allá de los referente legales en torno a los 2 artículos de la ley que se pretende modificar (la Nº 28852, “Ley de concesiones julio 2006) mediante este proyecto llamado “Ley de la Selva” y además el atropello a la descentralización y “regionalización en marcha”, hay en sí un tema mayor que está detrás del árbol. Es decir el bosque en sí y los servicios ambientales que se pueden ofrecer con ellos. El regente de la propiedad con el sólo hecho de tener esta posesión podrá convertirse en un receptor de carbono y recibir bonos tan increíbles como cuantiosos, más aún si consideramos que el tratado de Kyoto se renovará en el 2012 y esto supone mayores beneficios para los países con espacios amazónicos, es decir en perspectiva, una situación inmejorable, es por eso que la tesis de los lobbyes de empresas chilenas y peruanas en torno a este proyecto encaja en la sensibilidad de los dirigentes e indígenas que sienten que ellos, podrían ser los que reciban estos bonos por el sólo hecho de la propiedad ancestral, una figura que no contemplaría esta modificatoria.

En el contexto siguiente lo que se está debatiendo en el fondo es la tenencia de la propiedad en sí, porque como se ha demostrado - a priori – en la selva baja “los terrenos eriazos” no significan una posibilidad real de presentarse y menos medirse en la proporción que establece la propuesta. De aprobarse el proyecto Nº 840 (como así parece visionarse por la composición congresal), éste debería tener enmiendas claras y precisas en torno a la promesa de inversión de los empresas y la adjudicación en venta podría reformularse en torno a la amazonía baja por tratarse de una realidad antropológica distinta y convivencia social diversa en el bosque por debajo de los 400 m.s.n.m.

Como todo parece indicar las propuestas del “perro del hortelano” se van a presentar en toda o en alguna medida. Más allá de la movilización social que amenaza con presentarse y del balcón que utilizará el Gobierno Regional para observar estas decisiones, el debate profundo se debe presentar. Artículo por artículo, terreno por terreno y región por región deben ser esclarecidos cada cambio que afecte a los más. Por lo demás los debates y las “consultas populares” son indispensables y un acto de consolidación de las propuestas y de la propia democracia.

La 004 y el pulso del gobierno

Una cosa es contra el Sutep otra muy diferente contra 17 regiones

Contra todo el pronóstico y el deseo del ministro de Educación de arrinconar al Sutep al máximo e implantar su modelo y políticas educativas orientadas a imponer una nueva generación de maestros en el Perú, parece que el D.S. 004 que obliga a las direcciones regionales de educación y Ugel(s) a contratar al tercio superior de las promociones de universidades y pedagógicos, se convertirá en el freno hidráulico que tendrá Chang Escobedo y un termómetro de hasta que punto el gobierno avala al “reformador” cuando en ciernes está la posición de 17 regiones de no acatar dicha medida.

Desde los especialistas, estudiosos e integrantes del Consejo Nacional de Educación (ente que debe regir las políticas de largo alcance en lo referente a Educación), hasta políticos de diversas bancadas han demostrado que la norma no sólo es discriminatoria sino anticonstitucional. Chang Escobedo esperaba que padres de familia lo respalden (vía sondeos) ante una decisión que tiene mucho de sentido común y orden meritocrático, pero que se condicen con un sistema de formación educativa superior diverso y desordenado como para establecer que el tercio superior es mejor en todos los terrenos y en todo el ámbito nacional.

Un alumno que no pertenezca al tercio superior de la Católica de Lima no podría ser contratado en una plaza donde postule otro alumno que si pertenezca al tercio superior en su Pedagógico de Requena, por mencionar sólo algunas incongruencias de la norma. La acción discriminatoria empieza por el sólo hecho que el título “a nombre de la nación”, entregado por el gobierno al que representa el ministro no sirve para ejercer, es decir una ofensiva contra los maestros como no sucede con otros sectores y profesiones. Aunque la ley de Carrera Pública Magisterial y su aprobación fue un éxito del gobierno a través del Congreso y la población se sintió reconfortada por esperar una mejora en la calidad de maestros, el ministro quiso ir mas allá y empezó a ahorcar a la Derrama Magisterial, reducir las licencias sindicales del sutep, congelar los salarios, pero el DS. 004 fue más allá de lo que podían soportar los disminuidos maestros.

Y es que a la discusión legal de viabilidad del D.S. se ha sumado un fuerte componente político que es la negación de acatamiento de los presidentes regionales y no sólo los gobiernos regionales alejados a la posición del gobierno central como son Puno, Arequipa, sino los moderados como Loreto y Lambayeque así como los propios aliados como Callao. Chang Escobedo tuvo que haber implementado la norma de repente en etapas y en ciudades pilotos o en el peor de los casos reconocer un beneficio económico a este tercio superior si se habla tanto de premiar a la meritocracia, pero establecerlo mediante una norma obligatoria para un país tan diverso y sin tener en cuenta un puntaje adecuado y relevante de los que ya laboran en el sector, sin ser necesariamente parte de este tercio, ha sido un error que sospecho pagará caro el ministro.

Pagará caro porque no sólo la legalidad (aunque tarde) seguro le dará la razón a los maestros, sino que el gobierno lo hará retroceder de a pocos y en el mejor de los casos lo dejará solo (al menos para la foto) a Chang Escobedo, pues debido a este desencuentro el APRA no cargará con el peso demasiado inflado que ha generado el 004.

¡Que no regrese la fiscal!

Idas y venidas de una fiscal que se preocupa más en su sillón.

El analista político Raúl Wiener (La Primera) ha dado en el clavo de lo que realmente significa la “cuestión de estado” que se ha armado desde algunas redacciones en torno a su regreso de la fiscal Luz Loayza a la ciudad de Iquitos a donde corresponde su plaza titular de fiscal antidrogas y ha develado, una vez más, la incapacidad de las esferas del gobierno a través del Ministerio del Interior de desautorizar - vía Alva Castro- a la institución que dirige, pues ha dejado sentada la posición de que Iquitos debe ser un villorrio alejado, tenebroso y en manos de la delincuencia y el narcotráfico para no poder cuidar a una fiscal de un posible atentado cada vez menos creíble pero más promocionado.

Wiener, hace evidencia del aparato poderoso de El Comercio a través de sus diferentes medios escritos y televisivos para exponer prácticamente la terquedad de una fiscal que entre otras cosas acusa sin pruebas y a la volada a sus superiores y luego se resiste a una orden natural a la que cualquier servidor público debe estar sujeto, dándole mal ejemplo y precedente a sus colegas en torno a las amenazas que sufren y su escapada a la capital. ¿Qué diría Alva Castro si sus subalternos acusan de amenazas de muerte, los cambiaría? Lima estaría más poblada de lo que está de puros servidores asustados. Las mafias son crueles acá, en la China o en la casa del presidente si así se lo proponen.

Pero más allá de estar sujetos a los pormenores de esta guerra por trasladar a la fiscal, los impulsos del gobierno y los congresistas, incluso los de Loreto, deberían estar más preocupados por los entretelones de la fiscal suprema Gladis Echaiz, quien habría revelado nexos oscuros de la fiscal con el narcotráfico (como así lo ha resaltado en su edición de ayer el diario Correo, uno de los aliados de esta campaña mediática). En ves de beneficiar a la fiscal lo único que están haciendo es despertar la publicidad sobre los atentados contra los fiscales que luchan contra el narcotráfico.

Ahora que el fiscal decano de Loreto ha dicho que en los próximos días debe estar asumiendo sus funciones la fiscal, pero que en respuesta a esta decisión y de su “enfermedad” que ahora alega, sería bueno que la fiscal renuncie a su cargo de una buena vez, porque con una actitud medrosa y con la reticencia para con Iquitos, es seguro que no va a desempeñar una labor eficiente y eficaz. Si el gobierno y algunos medios se arañan tanto por su seguridad entonces que la cobijen en sus fueros y le ofrezcan el cargo de asesora legal para casos de narcotráfico con sueldos superiores a las que gana actualmente y en el mismo palacio de gobierno ya que tanto le gusta Lima. Sin ninguna misericordia las autoridades y la fiscal han dejado claramente establecido que Iquitos para ellos es tierra de nadie, así que nadie como ella debería venir.
Lea http://www.federicoabril.blogspot.com/