Laboral: Se publicó la 4ta lista de los ceses colectivos ayer y nuevamente se ha atentado contra la leal aspiración de al menos 7600 jóvenes profesionales de ocupar igual puestos que serán repartidos a ex trabajadores (muchos de ellos laboraron más de 30 años) y lo que es peor, en instituciones que nada tienen que ver con sus trabajos anteriores. Eso ha pasado en las anteriores tres listas (sino pregúnteles a los que laboran en el Banco de la Nación, de la Reserva y puestos claves y especializados donde llegó gente que no sabe ni prender una computadora) y de eso saben los apristas porque muchos de estos puestos privilegiados han sido compañeros. Como lo que se acusa ahora de un nuevo copamiento por parte de los dirigentes de la CGTP. (quienes también fueron beneficiados anteriormente), es decir, todo un arreglo bajo la mesa para reubicar a los “despedidos injustamente”, cuando muchos de ellos cobraron suculentos montos al salir luego de una evaluación fujimorista. ¡Que les paguen!, que los cesen anticipadamente pero que no los reincorporen porque – no se trata de ofender – dan mucha pena al reingresar al ya Estado descomunal.
Corrupción: Los magistrados, tanto judiciales como fiscales, a través de sus organismos supremos, deberían hacer algo para evitar que un cargo tan sensible e importante como el de la Procuraduría no caiga en manos tan irresponsables e infantiles como el que observamos en Loreto. La Dra. Silvia Moya Obañez, podrá tener buenos atributos personales, amicales o partidarios pero es evidente que se trata de una persona sumamente incompetente para el cargo. Es obvio también que desde el gobierno se evidencia una ausencia de ánimo de combatir la corrupción porque estas oficinas no se implementan (con asistentes, espacios adecuados y sueldos competitivos. No llega a los cinco mil soles, cuando un abogado de un municipio pequeño gana esa cantidad sin tener carga procesal, aunque para un ciudadano normal este sueldo puede resultar exquisito), pero de ahí a no saber siquiera qué procesos lleva esta oficina como lo que está pasando actualmente en este despacho, es un descaro. En realidad una cosa similar pasa en las instituciones del estado, región, municipios y organismos sectoriales donde los procuradores se han excluido de todo proceso más por su incapacidad que por sus carencias logísticas.
Social: La mejor estrategia que deberían implementar los alcaldes distritales y el mismo provincial es promover, organizar y agitar todo un movimiento social de protesta contra la obra de alcantarillado en la ciudad. Deberían hacerlo para que se den cuenta que no están legitimados ante la población y frustren su aspiración política. Se quemen, una vez más, en buena medida, ante sus electores. Deberían dejar a Mirna Villacorta, Joiner Vásquez, Salomón Abensur protagonizar “esa marcha de los pueblos” contra la obra que recortaría su canon y dejar que las calles vacías hablen por sí solas de su capacidad de convocatoria. Excepto, claro, se vuelvan a utilizar algunos dirigentes portátiles (sachas) de los que acostumbran incendiar inofensivamente los discursos y presentar una escena falsa de lo que existe en la ciudad. Es increíble como con estas medidas nos apuntamos a la cabeza, mientras nos seguimos inundando en la coprolalia y las heces de medio millón de habitantes.
Turístico: Escuchando a los que se vieron involucrados en los asaltos en el “Aqua Expeditions” se logra determinar que la mayoría de esta gente sabe que es imposible custodiar la ribera de los ríos de la manera en la que se viene realizando. Es decir, el 33% del territorio nacional (Loreto) quieren que sea vigilado como si se trata de la carretera Lima a Huancayo. Casi imposible, porque además, las bifurcaciones de las diferentes cuencas hidrográficas pueden esconder pueblos y no lo va hacer con una banda de asaltantes. La Marina debería tener un rol específico en localidades importantes con trabajo de inteligencia, pero seguro uno de los primeros requisitos que exigirán es plata. Porque estos militares no se mueven si no hay plata y prefieren estar mirándose entre sus escritorios mientras muere gente en su clínica, por ejemplo. La Policía debería tener el control y vigilancia de los ríos, equipados por supuesto, pero una medida más efectiva podría ser dotar de equipos de comunicación a los curacas o gobernadores de las localidades pequeñas que reporte a una división específica y especializada en la ciudad cada vez que hay tránsito sospechoso.
Aunque ha habido muchas hipótesis al respecto del reiterado asalto, resulta bien raro que los delincuentes vayan a tropezar con la misma piedra en tan poco tiempo, sabiendo que la policía pondrá todos sus esfuerzos en atraparlos, porque además, entre los delincuentes se reconocen y no sería nada difícil delatarse entre ellos. La conspiración contra el Amazonas como que va cobrando cuerpo pero también la idea de darle un puntillazo marquetero negativo a Aqua Expeditions para reducirle su mercado. Lo único cierto es que Iquitos y el turismo merece otro tratamiento y no un par de funcionarios que hablan por su cuenta y riesgo de no decir nada, se merece una especie de patronato donde incluyan a todos.
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