Good bye candidatos

El anuncio de declinación a la postulación a los comicios electorales del 2016 de la primera dama  Nadine Heredia, arma otro tablero en el ajedrez  político nacional de cara a la próxima elección. Aunque la noticia aún no es digerible para muchos líderes que habían utilizado este caballito de batalla para petardear al actual gobierno, en realidad, su incertidumbre real ante inesperado anuncio es tal vez lo que los pone más nerviosos y deja abierto el camino para la aparición de la nueva figura que normalmente sucede de lustro en lustro en el país.

Es obvio que esta decisión, más que acallar las voces que criticaban la ley del Servicio Civil o las protestas de los universitarios sobre la nueva ley que reforma las universidades, estaba dirigida a minimizar los coros que apuntalaban la idea de reelección conyugal que incorporó el Apra. Con la investigación a Toledo Manrique, la futura o posible inhabilitación de Alan García y el negado indulto al fujimorismo, el gobierno había encontrado un cargamontón que era necesario aminorar, la decisión de negar la postulación y un acercamiento a la CGTP, y la serenidad y permanencia del gabinete ministerial, seguramente renovará en un segundo aliento de aquí para adelante a la gestión de Ollanta Humala.

Es cierto que la política y los escenarios sobre los contrincantes se renuevan día a día. Sin embargo, nadie duda que en una posible candidatura de Nadine Heredia en el 2014 a la alcaldía de Lima tuviera el combustible suficiente para sostener a un nacionalismo cada vez más incrédulo. Una buena gestión en el sillón capitalino, le aseguraría un camino fructífero al 2021. Asegurando un competidor presentable en el 2016 para las elecciones presidenciables que pudiera sacar un 15% ó 18%, tendría bancada suficiente para sostener un arrebato del próximo gobierno, en caso, tuviera sostenidas investigaciones de la gestión humalista.

Lo que sí ha dejado descuadrado a la mayoría de líderes, es su oportunidad de cogotear mediáticamente al actual gobierno con esto de la reelección. Excepto tengan un arrebato populista en los próximos años y argumenten a una mayoría mentirosa para efectos electorales y lancen su candidatura de la pareja presidencial – algo que parece muy difícil de suceder en el país por el equilibrio económico en el que se basa la calle para respaldar estas decisiones-parece que la órbita electoral está abierta para una cara nueva.

Uno de estos flancos por el que podría pugnar una porción sería este Frente Amplio Patriótico de las izquierdas, pero apoyando obtusamente a la CGTP o a unos cuantos universitarios en estas últimas movilizaciones parecen no tener sentido real delo que busca un gran sector en el Perú de hoy. Apegarse a la burocracia estatal que será evaluada mediante esta ley no es ni electoral ni éticamente viable. Primero porque representan a las justas 400 mil de los cuales el 45% de este sector que pertenecen al CAS estarían sumamente de acuerdo con la norma. Esto se va a demostrar seguramente con otra encuesta tras la publicación de la norma donde seguramente gran parte de la población afectada por la incapacidad burocrática apoya la misma.

Igual sucede con la ley universitaria. Unos cuantos revoltosos aparentemente manejados por la argolla de rectores que representa la ANR no suma en ninguna dimensión los verdaderos apegos y ansias de reforma que requiere la mayoría de alumnos y padres de familia (que son los que finalmente pagan lo de sus hijos). Acercarse ciegamente a ellos, en estos momentos, no constituye una alternativa. Así, parece que la cosa electoral está insospechada y jugando bien sus cartas existe la posibilidad que el nacionalismo no tenga todas las de perder. Por ahora, claro está.

Lea esta columna en Cerbatanas del diario www.proycontra.com.pe

Reformar el estado saca callos

Parece que en estas dos semanas el Congreso se quiere apuntar unos bonos de popularidad aprobando parte de lo que podríamos considerar una reforma parcial del Estado. Esta iniciativa que debió estar ya plasmada en proyecto, una vez que este gobierno asumiera el mandato, a casi dos años del mismo recién se impulsa de tal manera que los sectores dirigenciales y la oposición han dicho ahora que estas leyes se aprueban aceleradamente, que se están haciendo entre gallos y medianoche y que faltaba recibir sugerencias de los sectores involucrados.

La Ley Servir y la reforma por capítulos que viene siendo aprobada en la Comisión de Educación de la nueva ley universitaria, son una segunda parte de esta reforma parcial. La primera ha sido la Ley de Reforma Magisterial LRM, que tras su promulgación y ahora puesta en marcha, sin duda al gobierno le ha dado el aire suficiente para sostener las olas de críticas y huelgas que se han iniciado desde ayer en todo el país.

Esta aprobación, aunque muchos podrían pensar que tienen un costo político – electoral, en realidad traen consigo una ganancia neta en el tiempo en estos campos. Ningún peruano se debe haber sentido bien al ser atendido por la burocracia nacional en todos sus niveles y áreas, en este sentido reformarla, ajustarla y evaluarla es –más allá de lo que puedan decir cierta dirigencia- una ventaja ante la opinión pública que se fortalecerá en el tiempo de acuerdo a la celeridad de su implementación tras conocer (si es que se da), primero la promulgación y luego la reglamentación. Dos variables claves que a veces no se cumplen debido a que el gobierno puede sentir que la calle se pone brava, entonces retrocede y deja todo el aparato estatal como está: un caos.

Sobre los considerandos de esta reforma sería muy discutible. La mayoría se ha centrado en la pérdida de la estabilidad laboral y la negociación colectiva. Aunque estas han sido negadas por el oficialismo aduciendo que ahora tienen otra figura y otros alcances, lo cierto es que uno de los males de la burocracia es la estabilidad absoluta. Si alguien debería estar contento, en todo caso, con esta nueva ley son los miles de trabajadores que pertenecían al sistema denominado CAS, puesto que peor que estar en esta condición no existe y el estado era uno de los primeros que burlaba los convenios internacionales al persistir en esa condición a los trabajadores, con esta norma desaparecen.

Otro sector que no debe temer son los profesionales y sobre todo los jóvenes, puesto que una nueva categorización dentro de su sector los podrá llevar a triplicar sus sueldos o poder asumir cargos similares en sectores, ministerios u organismos que antes eran impensables. Y el sector público sin duda gana también en meritocracia, puesto que un buen estudiante y profesional no veía al Estado como garantía para vivir de estos sueldos. Por eso la corrupción, el compadrazgo y el chantaje dirigencial eran la única manera de escalonar en el sistema actual. Un joven profesional era fácil y rápidamente devorado por este sistema perverso.

Los mayores perjudicados son una cúpula que en largos años jamás había pensado en auto capacitarse, perfeccionarse y vivía a costas de los mismos trabajadores. Ahora no tendrán licencia indefinida y si es que no se han profesionalizado entonces no podrán ascender. Antes de la antigüedad, que era sinónimo de mayores sueldos, ahora primará la meritocracia, es ahí el punto en discordia para ellos. Claro que responder con el prurito de “copamiento, despidos masivos y directivas del FMI o Banco Mundial”, son los cucos creados a los que ya estamos acostumbrados.

No hay mejor país sin mejor educación y reforma del aparato estatal. Estos pasos se han dado lentamente y es por eso que podría tener signos de debilidad o no se puedan concretar finalmente al término de este gobierno. Depende mucho no sólo de la información sostenida y en todos los niveles sobre los beneficios de estas leyes que se están generando en el Congreso sino también de la rapidez con la que se apliquen. Iniciar un cambio implica evidentemente una contraposición, pero superarlos, sostenerlos y presentar los resultados de lo proyectado es actuar con responsabilidad. Al final y luego de toda la marea vendrán los reconocimientos.

Lea esto en la columna Cerbatanas del diario Pro y Contra:

http://proycontra.com.pe/2013/07/03/reformar-el-estado-saca-callos/

la mafia no quiere irse

La reforma de las universidades en su hora final

En los últimos días hemos visto como se ha encarnizado un enfrentamiento entre la comisión de Educación, específicamente su presidente Daniel Mora y algunos representantes de las universidades a raíz de la propuesta de la nueva ley universitaria que viene siendo debatida y aprobada paulatinamente en el Congreso. Con un poder inusitado, los representantes de algunas casas de estudios se han destapado literalmente y han puesto el grito al cielo anunciando el fin de la universidad con esta norma que se aprueba capítulo tras capítulo.

Daniel Mora no se ha quedado atrás y ha desenvainado la espada y llamado mercantilistas de la educación a estos grupos que agazapados en medios de comunicación han embanderado falsamente la lucha a favor de la educación universitaria. Pero no es tan cierto, porque si el desprestigio se ha generalizado en este nivel de estudios es en parte por la proliferación de universidades “garaje” en el país y la mediocridad de la pública. Ambos comparten un 50 – 50 de lo que hoy podemos llamar la peor crisis de la universidad peruana.

Ninguna universidad peruana aparece entre las primeras 500 universidades del mundo. Hay 134 universidades de las cuales sólo 50 son públicas (que ya es un exceso) y el resto son privadas, la mayoría no paga impuestos porque esta exoneración que le hace el Estado debe ser revertida en su misma universidad pero nadie las controla, casi siempre esa condición no se cumple lo cual ha llevado a crearse un verdadero grupo económico con características mercantilistas que no le preocupa la calidad sólo la cantidad, se suman más de 800 mil universitarios sin contar los de post grado. Esos son los que levantan la voz y señala que esta norma es atentatoria a la universidad.

Es cierto hay algunos rectores de universidades disque “prestigiosas” que también se han sumado al coro, Pero son los que conforman la cuadrilla de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR) que son los que precisamente han permitido este caos. Ellos mismos se organizan y se reorganizan en sus universidades que ya parecen de su propiedad y luego se vuelven a contratar en algunas de ellas como asesores y demás. Así, el círculo se ha vuelto vicioso. Por eso podemos observar que la argolla permite que un rector gane dos millones de soles (Garcilazo) o que un docente que no esté homologado no llegue ni a los mil soles o sólo le paguen 15 soles la hora.

Por eso para los verdaderos profesionales no se les hace apetitoso enseñar en la Universidad. Porque además la actual ley permite que en las universidades no se exija que haya profesionales dedicados en su campo, acreditados laboralmente en la rama que han estudiado. Ingresan, o del partido (antes cuando el comunismo cundía) o ahora si son parte de la collera del rector y en muchos casos para sostener por número y no por mérito, las mafias enquistadas en la casi totalidad de universidades públicas. Una especie de transformación o segunda etapa de los troskistas.

Dicen los detractores que esta norma es intervencionista. No la han leído (una vez más lo que pasa en esta clase de dirigentes que protesta ignorantemente), pues la autonomía académica, libertad de cátedra y universalidad está asegurada. Incluso habido audiencias para discutirse ampliamente, se enojan porque no se les consultó a ellos. Acaso con esta realidad ellos van a aceptar que algún organismo los controle. Incluso han puesto la excusa que el Ministerio de Educación (que no ha sido capaz de reformar la educación pública escolar) va ser ahora parte de los controladores, cuando muy bien saben que serán parte, pero los que decidirán serán aún los comisionados de las universidades. El tema es que desaparece la ANR y ese es su principal temor.

Se creará la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria, que se encargará de la supervisión y aquella universidad que no acredite sus facultades tendrá que cerrarse. En el país no hay universidad acreditada, sólo algunas facultades han iniciado este proceso con la misma gente mediocre que pulula entre ellos y que se hacen llamar catedráticos, así la universidad pública no tiene fututo y más temprano que tarde será devorada por los filibusteros de la educación, ósea, los privados que tampoco solucionan esta realidad. Por eso, ojalá no se haga caso a este lobby y se apruebe la norma antes del 5 de julio como se ha declarado desde el Congreso, donde para variar, hay harto empleado de estas universidades.

En los últimos días hemos visto como se ha encarnizado un enfrentamiento entre la comisión de Educación, específicamente su presidente Daniel Mora y algunos representantes de las universidades a raíz de la propuesta de la nueva ley universitaria que viene siendo debatida y aprobada paulatinamente en el Congreso. Con un poder inusitado, los representantes de algunas casas de estudios se han destapado literalmente y han puesto el grito al cielo anunciando el fin de la universidad con esta norma que se aprueba capítulo tras capítulo.

Daniel Mora no se ha quedado atrás y ha desenvainado la espada y llamado mercantilistas de la educación a estos grupos que agazapados en medios de comunicación han embanderado falsamente la lucha a favor de la educación universitaria. Pero no es tan cierto, porque si el desprestigio se ha generalizado en este nivel de estudios es en parte por la proliferación de universidades “garaje” en el país y la mediocridad de la pública. Ambos comparten un 50 – 50 de lo que hoy podemos llamar la peor crisis de la universidad peruana.

Ninguna universidad peruana aparece entre las primeras 500 universidades del mundo. Hay 134 universidades de las cuales sólo 50 son públicas (que ya es un exceso) y el resto son privadas, la mayoría no paga impuestos porque esta exoneración que le hace el Estado debe ser revertida en su misma universidad pero nadie las controla, casi siempre esa condición no se cumple lo cual ha llevado a crearse un verdadero grupo económico con características mercantilistas que no le preocupa la calidad sólo la cantidad, se suman más de 800 mil universitarios sin contar los de post grado. Esos son los que levantan la voz y señala que esta norma es atentatoria a la universidad.

Es cierto hay algunos rectores de universidades disque “prestigiosas” que también se han sumado al coro, Pero son los que conforman la cuadrilla de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR) que son los que precisamente han permitido este caos. Ellos mismos se organizan y se reorganizan en sus universidades que ya parecen de su propiedad y luego se vuelven a contratar en algunas de ellas como asesores y demás. Así, el círculo se ha vuelto vicioso. Por eso podemos observar que la argolla permite que un rector gane dos millones de soles (Garcilazo) o que un docente que no esté homologado no llegue ni a los mil soles o sólo le paguen 15 soles la hora.

Por eso para los verdaderos profesionales no se les hace apetitoso enseñar en la Universidad. Porque además la actual ley permite que en las universidades no se exija que haya profesionales dedicados en su campo, acreditados laboralmente en la rama que han estudiado. Ingresan, o del partido (antes cuando el comunismo cundía) o ahora si son parte de la collera del rector y en muchos casos para sostener por número y no por mérito, las mafias enquistadas en la casi totalidad de universidades públicas. Una especie de transformación o segunda etapa de los troskistas.

Dicen los detractores que esta norma es intervencionista. No la han leído (una vez más lo que pasa en esta clase de dirigentes que protesta ignorantemente), pues la autonomía académica, libertad de cátedra y universalidad está asegurada. Incluso habido audiencias para discutirse ampliamente, se enojan porque no se les consultó a ellos. Acaso con esta realidad ellos van a aceptar que algún organismo los controle. Incluso han puesto la excusa que el Ministerio de Educación (que no ha sido capaz de reformar la educación pública escolar) va ser ahora parte de los controladores, cuando muy bien saben que serán parte, pero los que decidirán serán aún los comisionados de las universidades. El tema es que desaparece la ANR y ese es su principal temor.

Se creará la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria, que se encargará de la supervisión y aquella universidad que no acredite sus facultades tendrá que cerrarse. En el país no hay universidad acreditada, sólo algunas facultades han iniciado este proceso con la misma gente mediocre que pulula entre ellos y que se hacen llamar catedráticos, así la universidad pública no tiene fututo y más temprano que tarde será devorada por los filibusteros de la educación, ósea, los privados que tampoco solucionan esta realidad. Por eso, ojalá no se haga caso a este lobby y se apruebe la norma antes del 5 de julio como se ha declarado desde el Congreso, donde para variar, hay harto empleado de estas universidades.

Lea esta columna en Cerbatanas en el diario Pro y Contra:

 http://proycontra.com.pe/2013/06/19/la-mafia-no-quiere-irse/