El presidente Ollanta Humala ayer mostró su solidaridad a los padres de familia por el abuso que cometen las editoriales. Parece que Humala Tasso no se ha dado cuenta aún que ya es el presidente del país y más que su solidaridad a los padres de familia debería ejercer su rol de mandatario. La comunidad educativa está siendo abusada por el mercado y el mercantilismo que utilizan como práctica las grandes editoriales del país, como se viene evidenciando una vez más este año.
Lo que se ha mostrado en los medios de comunicación en relación a las comisiones que ofrecen estas editoriales a los promotores – directores de los colegios privados era un secreto a voces desde hace años. Este mecanismo perverso se lo debemos en parte al fujimorismo y sus secuaces educativos que al liberalizar el servicio educativo, este se convirtió en un negocio originando el nacimiento de los nuevos barones de la educación que han amasado dinero con una ausencia casi total en la vigilancia educativa.
El Indecopi está adscrito al Consejo de Ministros que a su vez depende de la presidencia. Más que una solidaridad lo que requiere la educación peruana son normas de vigilancia en cuanto a la evaluación de la calidad de los textos escolares acompañado de una decisión de los padres de familia y del Ministerio de Educación para decidir cuáles son los textos a escoger en una institución educativa, ya sea privada o pública.
Tuve la oportunidad de pertenecer a un grupo de trabajo en comisión de una editorial que intenta competir con las grandes y mafiosas editoriales. Junto a un grupo selecto de especialistas de diversas áreas de la educación primaria y secundaria y grupos de psicólogos y de otras ramas se analizaba los textos de esta editorial para subsanar los errores observados por alumnos y profesores luego de haber culminado el año lectivo.
Este estudio iba acompañado con la evaluación de los textos de estas grandes editoriales y la verdad salía a relucir. Sus textos valían más por su calidad de impresión, color y papel que por su contenido y estrategias educativas en sí. Aunque su producto, considerando insumos y comercialización no llegaba a los 20 soles por cada texto, estas editoriales los vendían a 100 o 120 soles. ¿Dónde van a parar los 80 soles de ganancia líquida? Un 20 o 30% a los promotores de los colegios privados a los regalos a los profesores y el resto ganancia pura de esta cofradía.
Un abuso que no requiere sólo de solidaridad sino de normas claras y ejemplificadoras. Por ejemplo, el padre debe tener la decisión de elección del texto, al menos en algún momento de la propuesta que podría ser por ternas y previa sustentación científica de cada libro. Este argumento que sostiene que los padres no sabrían evaluar contenidos y actividades de los textos, es un argumento no válido pues ahora mismo el docente tampoco decide, es el promotor o director en caso de privados y el Ministerio en caso de públicos.
Los libros deben ser estrictamente de consulta por lo menos en un periodo de tres a cinco años. Las editoriales han argumentado que sus precios se atribuyen al pago que realizan a “grandes especialistas pedagogos” que investigan los factores educativos de tal manera que se renuevan. Esta es otra gran mentira pues si uno observa los modelos de los textos no hay diferencias significativas entre la edición de un año a otro. Sólo cambian el color de la tapa y una que otra actividad sugerida. Actividades repetitivas y sólo se ofrece como un gran listado a ser resuelto del mismo texto encasillando al alumno y reprimiendo su capacidad de sustentar respuestas.
Posteriormente tendría que implementarse normas de supervisión a los colegios privados. Desde factores de infraestructura hasta calidad de sus educadores deberían ser, sino materia de control, al menos de vigilancia de parte del Ministerio de Educación. Algunos podrán decir que si no se puede solucionar la educación pública menos se hará con la privada. En realidad este argumento debería ser parte de una verdadera revolución educativa en el país. No sólo se trata de sueldos sino de un sinfín de necesidades que parten desde una decisión concreta y no sólo de analgésicos de “solidaridad”.
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