Hace unos días el presidente y
dirigentes sociales de la región Moquegua anunciaron con bombos y platillos la
satisfacción en el diálogo para iniciar el proyecto minero cuprífero Quellaveco.
Un proyecto que dejaría más de 2500 millones de soles en total, y en donde la
empresa Anglo American desembolsará por lo menos 1000 millones para lo que
ahora se denomina la licencia social.
Todos resaltaron este acuerdo en
primera instancia. Lo que se fue desenvainando en los días posteriores es que
un grupo significativo de gremios de agricultores de la misma región iniciaron
su voz de protesta por haberlos pasado por encima de sus acuerdos y
conocimiento sobre la aprobación de este proyecto.
Incluso el gobierno central puso como
ejemplo de negociación en Moquegua (duro más de 14 meses y se le calificó como
la nueva minería en el país) a ser replicado en el caso Conga en Cajamarca. Más
allá, no fueron pocas las fuentes palaciegas que anunciaban al presidente
regional de Moquegua Martín Vizcarra de ser el próximo primer ministro, pero
esta habría declinado pues, no era ingenuo, decidió acabar con su gestión en
Moquegua y no ser un fusible inmediato en el premierato.
Pero como suele suceder cuando no se
toman en cuenta la realidad total y compleja que implica los proyectos mineros actuales,
una serie de actores sociales y localidades empezaron a anunciar paralizaciones
sobre lo que para ellos consideran los afectará de manera irreversible.
Para que el proyecto Quellaveco
funcione se requiere el apresamiento de una serie de ríos que se originan en la
región Moquegua pero que en su tránsito natural alimentan otras cuencas
agrícolas en otras regiones, como es el caso del valle del Tambo que nace del
río que lleva el mismo nombre y que
componen una serie de distritos y localidades del zona sur – oeste de la región
Arequipa.
Estas poblaciones, que sumadas se
equiparan en número con casi la totalidad de la región Moquegua, se rehúsan al
proyecto y han anunciado que lo frustrarán en las próximas semanas mediante
paralizaciones, bloqueos y huelgas que dejarán al descubierto un nuevo
conflicto social para el gobierno que no
ha atinado más que enviar a funcionarios de Conflictos Sociales de la PCM, como
un distractivo más que una solución.
Y es que ahora los proyectos mineros
no son mera exclusividad de donde se extrae el mineral. Nunca lo fueron, es
sólo que antes no había los mecanismos que impone la ley ambiental ahora y los activistas sociales no
habían comprendido los réditos políticos que la protesta social, sobre estos
proyectos, les atribuía.
Así, de hacerse realidad lo que han
anunciado los gremios agrícolas en la propia Moquegua sumados a los del valle
del Tambo, la supuesta ejemplar maniobra de diálogo y concertación entre la
minera y los actores sociales se caerá sin remedio. Incluso el propio
presidente regional tendrá que poner las barbas en remojo si quiere seguir
adelante con este compromiso ya asumido, peor aún, en las condiciones políticas
en las que se encuentra el gobierno con el tema Conga y el cambio ministerial.
De esta coyuntura y de otras a nivel
nacional, parece urgente que el nuevo gabinete no sólo sea más político como se
ha pedido desde diferentes tiendas y líderes nacionales, sino su sesgo vuelva a
parecerse a los inicios del primer gabinete que conformó el gobierno y que
mejor que un provinciano ocupe este cargo (pero esta no parece la decisión del
gobierno que ya tendría su candidato), pues de lo contrario no sólo Conga
continuará desgastando su activo político del presidente sino que continuará
violento y peor aún otras regiones entenderán que el mensaje que se les manda
es el de imposición ante los proyectos mineros.
Lea la columna Cerbatanas en www.proycontra.com.pe
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