la mafia no quiere irse

La reforma de las universidades en su hora final

En los últimos días hemos visto como se ha encarnizado un enfrentamiento entre la comisión de Educación, específicamente su presidente Daniel Mora y algunos representantes de las universidades a raíz de la propuesta de la nueva ley universitaria que viene siendo debatida y aprobada paulatinamente en el Congreso. Con un poder inusitado, los representantes de algunas casas de estudios se han destapado literalmente y han puesto el grito al cielo anunciando el fin de la universidad con esta norma que se aprueba capítulo tras capítulo.

Daniel Mora no se ha quedado atrás y ha desenvainado la espada y llamado mercantilistas de la educación a estos grupos que agazapados en medios de comunicación han embanderado falsamente la lucha a favor de la educación universitaria. Pero no es tan cierto, porque si el desprestigio se ha generalizado en este nivel de estudios es en parte por la proliferación de universidades “garaje” en el país y la mediocridad de la pública. Ambos comparten un 50 – 50 de lo que hoy podemos llamar la peor crisis de la universidad peruana.

Ninguna universidad peruana aparece entre las primeras 500 universidades del mundo. Hay 134 universidades de las cuales sólo 50 son públicas (que ya es un exceso) y el resto son privadas, la mayoría no paga impuestos porque esta exoneración que le hace el Estado debe ser revertida en su misma universidad pero nadie las controla, casi siempre esa condición no se cumple lo cual ha llevado a crearse un verdadero grupo económico con características mercantilistas que no le preocupa la calidad sólo la cantidad, se suman más de 800 mil universitarios sin contar los de post grado. Esos son los que levantan la voz y señala que esta norma es atentatoria a la universidad.

Es cierto hay algunos rectores de universidades disque “prestigiosas” que también se han sumado al coro, Pero son los que conforman la cuadrilla de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR) que son los que precisamente han permitido este caos. Ellos mismos se organizan y se reorganizan en sus universidades que ya parecen de su propiedad y luego se vuelven a contratar en algunas de ellas como asesores y demás. Así, el círculo se ha vuelto vicioso. Por eso podemos observar que la argolla permite que un rector gane dos millones de soles (Garcilazo) o que un docente que no esté homologado no llegue ni a los mil soles o sólo le paguen 15 soles la hora.

Por eso para los verdaderos profesionales no se les hace apetitoso enseñar en la Universidad. Porque además la actual ley permite que en las universidades no se exija que haya profesionales dedicados en su campo, acreditados laboralmente en la rama que han estudiado. Ingresan, o del partido (antes cuando el comunismo cundía) o ahora si son parte de la collera del rector y en muchos casos para sostener por número y no por mérito, las mafias enquistadas en la casi totalidad de universidades públicas. Una especie de transformación o segunda etapa de los troskistas.

Dicen los detractores que esta norma es intervencionista. No la han leído (una vez más lo que pasa en esta clase de dirigentes que protesta ignorantemente), pues la autonomía académica, libertad de cátedra y universalidad está asegurada. Incluso habido audiencias para discutirse ampliamente, se enojan porque no se les consultó a ellos. Acaso con esta realidad ellos van a aceptar que algún organismo los controle. Incluso han puesto la excusa que el Ministerio de Educación (que no ha sido capaz de reformar la educación pública escolar) va ser ahora parte de los controladores, cuando muy bien saben que serán parte, pero los que decidirán serán aún los comisionados de las universidades. El tema es que desaparece la ANR y ese es su principal temor.

Se creará la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria, que se encargará de la supervisión y aquella universidad que no acredite sus facultades tendrá que cerrarse. En el país no hay universidad acreditada, sólo algunas facultades han iniciado este proceso con la misma gente mediocre que pulula entre ellos y que se hacen llamar catedráticos, así la universidad pública no tiene fututo y más temprano que tarde será devorada por los filibusteros de la educación, ósea, los privados que tampoco solucionan esta realidad. Por eso, ojalá no se haga caso a este lobby y se apruebe la norma antes del 5 de julio como se ha declarado desde el Congreso, donde para variar, hay harto empleado de estas universidades.

En los últimos días hemos visto como se ha encarnizado un enfrentamiento entre la comisión de Educación, específicamente su presidente Daniel Mora y algunos representantes de las universidades a raíz de la propuesta de la nueva ley universitaria que viene siendo debatida y aprobada paulatinamente en el Congreso. Con un poder inusitado, los representantes de algunas casas de estudios se han destapado literalmente y han puesto el grito al cielo anunciando el fin de la universidad con esta norma que se aprueba capítulo tras capítulo.

Daniel Mora no se ha quedado atrás y ha desenvainado la espada y llamado mercantilistas de la educación a estos grupos que agazapados en medios de comunicación han embanderado falsamente la lucha a favor de la educación universitaria. Pero no es tan cierto, porque si el desprestigio se ha generalizado en este nivel de estudios es en parte por la proliferación de universidades “garaje” en el país y la mediocridad de la pública. Ambos comparten un 50 – 50 de lo que hoy podemos llamar la peor crisis de la universidad peruana.

Ninguna universidad peruana aparece entre las primeras 500 universidades del mundo. Hay 134 universidades de las cuales sólo 50 son públicas (que ya es un exceso) y el resto son privadas, la mayoría no paga impuestos porque esta exoneración que le hace el Estado debe ser revertida en su misma universidad pero nadie las controla, casi siempre esa condición no se cumple lo cual ha llevado a crearse un verdadero grupo económico con características mercantilistas que no le preocupa la calidad sólo la cantidad, se suman más de 800 mil universitarios sin contar los de post grado. Esos son los que levantan la voz y señala que esta norma es atentatoria a la universidad.

Es cierto hay algunos rectores de universidades disque “prestigiosas” que también se han sumado al coro, Pero son los que conforman la cuadrilla de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR) que son los que precisamente han permitido este caos. Ellos mismos se organizan y se reorganizan en sus universidades que ya parecen de su propiedad y luego se vuelven a contratar en algunas de ellas como asesores y demás. Así, el círculo se ha vuelto vicioso. Por eso podemos observar que la argolla permite que un rector gane dos millones de soles (Garcilazo) o que un docente que no esté homologado no llegue ni a los mil soles o sólo le paguen 15 soles la hora.

Por eso para los verdaderos profesionales no se les hace apetitoso enseñar en la Universidad. Porque además la actual ley permite que en las universidades no se exija que haya profesionales dedicados en su campo, acreditados laboralmente en la rama que han estudiado. Ingresan, o del partido (antes cuando el comunismo cundía) o ahora si son parte de la collera del rector y en muchos casos para sostener por número y no por mérito, las mafias enquistadas en la casi totalidad de universidades públicas. Una especie de transformación o segunda etapa de los troskistas.

Dicen los detractores que esta norma es intervencionista. No la han leído (una vez más lo que pasa en esta clase de dirigentes que protesta ignorantemente), pues la autonomía académica, libertad de cátedra y universalidad está asegurada. Incluso habido audiencias para discutirse ampliamente, se enojan porque no se les consultó a ellos. Acaso con esta realidad ellos van a aceptar que algún organismo los controle. Incluso han puesto la excusa que el Ministerio de Educación (que no ha sido capaz de reformar la educación pública escolar) va ser ahora parte de los controladores, cuando muy bien saben que serán parte, pero los que decidirán serán aún los comisionados de las universidades. El tema es que desaparece la ANR y ese es su principal temor.

Se creará la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria, que se encargará de la supervisión y aquella universidad que no acredite sus facultades tendrá que cerrarse. En el país no hay universidad acreditada, sólo algunas facultades han iniciado este proceso con la misma gente mediocre que pulula entre ellos y que se hacen llamar catedráticos, así la universidad pública no tiene fututo y más temprano que tarde será devorada por los filibusteros de la educación, ósea, los privados que tampoco solucionan esta realidad. Por eso, ojalá no se haga caso a este lobby y se apruebe la norma antes del 5 de julio como se ha declarado desde el Congreso, donde para variar, hay harto empleado de estas universidades.

Lea esta columna en Cerbatanas en el diario Pro y Contra:

 http://proycontra.com.pe/2013/06/19/la-mafia-no-quiere-irse/