El gravamen como estrategia

Cuando se creó  el denominado gravamen minero que modificó el denominado óvolo, una creación  del gobierno anterior y que a muchos les pareció una limosna en vez de un aporte equitativo de las ganancias mineras, varios pensaron que la inversión en las regiones que recibían este beneficio iba a ser mayor pues las transferencias  económicas aumentaban ostensiblemente. De hecho el año pasado así sucedió en algunos lugares que no presentaron mayores conflictos sociales por el tema de la minería formal.

Sin embargo, cuando todo parecía que la cosa venía mejorando para los gobiernos locales y regionales, de pronto se vieron recortados en sus ingresos (que en realidad eran posibles y que nunca antes tuvieron en las dimensiones que habían comprometido) debido a la crisis internacional y básicamente porque la adquisición de los metales en China había disminuido a raíz de una sobre compra que originó un freno en el crecimiento del país, que comprobó una vez más, que sin la venta de minería hoy por hoy, el país no crece en las cifras que todos esperan.

Incluso hubo voces que hablaron de una verdadera descentralización, por tratarse de un mayor manejo económico por parte de las autoridades locales y regionales, estas por supuesto se alistaron – como nunca – a emprender grandes obras que les aseguraría en muchos de los casos su reelección. Producida la crisis y viéndose recortado el gravamen minero en diferentes porcentajes (en algunas regiones esta llega al 35%), evidentemente se acusó al gobierno antes que a la crisis, de este recorte, surgieron pronunciamientos, marchas y protestas amenazando al gobierno central por estas medidas.

Sin duda que las vacas aún “están gordas”, como lo dijo ayer el ministro de economía Luis Castilla en Perumin, como para entregar fondos a las regiones y municipios y estos terminen por realizar sus obras, claro comprometiendo y como debe ser a ser cancelados con sus ingresos posteriores y de esta manera asegurar que las obras – que además ya causaron expectativas en la población – se culminen.

Lo cierto esto ha dejado tres conclusiones. La primera tiene que ver con la verdadera intención del gravamen minero. Algunos apuntan a que efectivamente el manejo centralista de estos recursos podrían significar una estrategia para poder encumbrar al gobierno con las mega obras que requiere para poder sostener su imagen o en todo caso distribuirlas en aquellas regiones que no cuentan con recurso de canon minero. Otra es que los ingresos que cada vez son mayores en los gobiernos regionales y locales no van a poder disminuirse creando expectativas que serán difíciles de sostener si la crisis se ahonda o aparece una nueva.

La otra es más de carácter político, pues alcaldes y presidentes regionales se reúnen en relación al interés de poder manejar mayores recursos y hacen temblar a los más entornillados en el gobierno. De hecho uno de los pedidos de varias autoridades era la salida del ministro de economía pues este impedía la entrega de recursos que parcharan el hueco que dejó la crisis. Al final, y no por mucho protestar sino también ante la coyuntura de la popularidad en descenso, el gobierno aceptó y entregará los recursos.

Una decisión que parece – aunque lo haya negado en varios tonos en Perumin – traerá sus consecuencias poniendo fin al ciclo de Luis Castilla pues este ya observa que el gobierno necesita invertir en sectores que reclaman de una mayor presencia del Estado, algo que no quiere asumir como pasivo.  Mientras tanto se abre o continúa el espectro político fraccionado en regiones y municipios, sólo que esta vez sus autoridades se sienten cada vez más reyezuelos en su jurisdicción, un poder que les otorga el dinero y que ellos – a su conveniencia – llaman descentralización.

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