La guerra del fin del alcantarillado

- ¿Estos alcaldes se rien porque traman algo? Al final, los reflejos son siempre los que menos se activan

Las municipalidades de Maynas, San Juan, Punchana y Belén han emitido un pronunciamiento en contra de la forma de implementación del proyecto “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Alcantarillado e Instalación de Planta de Tratamiento de Aguas residuales de la Ciudad de Iquitos”, sospechamos que es en contra de la implementación porque sería absurdo y cavernario pensar que Joiner Vásquez, Mira Villacorta, José Vela y Salomón Abensur, estén oponiéndose a esta construcción porque sería ponerse de espaldas a la realidad de Iquitos y en contra de darle condiciones mínimas de salubridad y dignidad de vida a los pobladores que dicen defender y representar. Y puede que tengan razón en esto de lo inconsulto, pero hay que señalar también que habido otra circunstancia extra que los ha apurado a levantar su voz y este se refiere al recorte paulatino del canon, caso contrario, esos 50 mil soles en promedio que se les recortará mensualmente por el sistema de alcantarillado hubiera sido la mitad de sus beneficios económicos que otorgan a sus funcionarios exclusivos, más conocido como “plus” y que fácilmente hubieran pasado desapercibido, pero no, ahora la cosa presupuestaria está difícil debido a una serie de variables y les urgen políticamente hablando, criticar este recorte para semejante proyecto. Hasta el IIAP sale en todos los medios, todos los días, hablando sólo de recortes de “su dinero”.

No son los únicos, el mismo Rivadeneyra Reátegui – conocido más por su elocuencia exagerada e imaginaria predisposición al tremendismo – ha señalado como una hecatombe la implementación de esta obra de la forma en la que se está estableciendo porque los recibos se elevarán hasta en 300%, colapsará la ciudad en heces y hasta el combustible se agotará por el consumo de estas bombas que impulsarán las heces hacia la Planta de Tratamiento, todo con afán de recoger como posibilidad los créditos de la obra. Podría tener razón y sentido común el hecho que hay una maldita costumbre en realizar las obras seccionadas y aisladas de tal forma que hacen pensar que, efectivamente, el prorrateo y la división de las mismas es una forma sistemática de corromperse. Primero el agua se separó del desagüe (como si la construcción de ambas no tuvieran relación) ahora se separa el desagüe del sistema de aguas pluviales como si en la selva baja no es necesario pensar en estas tres obras juntas e inseparables para no pasar por lo que se vendrá ahora en las calles con estos pronunciamientos y oposiciones al proyecto en proceso.

Hace pensar que cada cinco años, y de acuerdo a la autoridad correspondiente, cada una de estas obras tiene que ser ejecutada como una manera de perennizarse. La superposición en la construcción de la Av. Cáceres al proyecto integral al final resultará una anécdota si al final no se llega a integrar los criterios técnicos – políticos de las autoridades locales con la autoridad regional. ¿Qué es lo que han reclamado estas autoridades?: ser escuchadas, que se les explique el proyecto, que se les pida permiso y al final, seguramente, que se les comparta algo de la gloria que significará la inauguración de un plan que intenta, prácticamente, inaugurar una ciudad nueva. No es fácil compartir esta eventual gloria electoral, pero es inevitable si queremos que llegue a buen puerto. Al final los consensos son siempre los mejores augurios electorales.

Aunque los canales de información han debido activarse desde que el proyecto partió de Sedaloreto hacia las municipalidades como propietarias de este organismo y la advertencia de esta problemática comunicacional ha debido ser evaluada de manera técnica como lo ha señalado en su momento Manuel Beltrán Paz, jefe del Organismo Público de Infraestructura Para la Productividad OPPIP, se debió establecer paralelamente un mecanismo de diálogo político de “tribuna” que haya anulado el alud de críticas posiciones y hasta marchas y protestas que seguramente se planificarán si no se llega a consensuar mediáticamente. Aunque el perfil recién establecerá las zonas que no serán beneficiadas con exactitud y recién se dará la buena pro (y que tal “pro” de 420 millones) al consorcio encargado de la construcción el reflejo de la socialización – como siempre ocurre en estos casos – ha sido el último paso que se ha estructurado, hasta se ha pensado en dirigentes sensibilizadores y asambleas de información en niveles periféricos de la ciudad, aún no se ha logrado establecer un plan que asista de información y análisis sobre lo que constituirá semejante obra.

Hay cálculo político: por supuesto que sí y no porque todo el accionar de los alcaldes – candidatos, sean políticos por naturaleza, sino porque de un tiempo a esa parte del proceso electoral será más fácil prometer y ejecutar estas promesas de construcción de un nuevo rostro de la ciudad. Lástima que para ello tengamos que gastar doble porque romper pistas recién ejecutadas es sólo un derroche permitido en un país donde no existen los órganos de fiscalización correspondientes o no se activan para frenar de manera legal lo que a todas luces es inescrupuloso y hasta vergonzoso. Parece que al final todo mundo tiene la respuesta pero nadie quiere llevarla a cabo por los “rubores” de supuesta debilidad que significa la concertación en los que inflan su personalidad con bufones al costado, todos la han mencionado pero nadie ha puesto manos a la obra: Sentarse, dialogar, exponer, conversar, intercambiar, persuadir, proponer, otorgar, pactar y, finalmente, ejecutar le duela a quien le duela.